La mayoría de las reformas legislativas que ha querido promover Alberto Ruiz Gallardón -la del Código Penal, la del Poder Judicial, la de Enjuiciamiento Criminal- se encuentran empantanadas envueltas en periódicos globos sonda y sometidas a una seria controversia dentro del PP y también de los distintos colectivos judiciales que se juegan algo en ellas.
La principal novedad, aseguran fuentes muy cercanas al ministro, es que con su actitud aparentemente hiperactiva, se está ganando a sus espaldas, siempre en privado, las críticas de muchos de los cargos a los que él mismo ha aupado en los dos últimos años a altas responsabilidades. "La soberbia con la que se mueve el ministro es lo que ha terminado por desquiciar a muchos de los que en principio le apoyaron y confiaron en él", aseguran estas fuentes.
Hay quien compara la estrategia de Gallardón en el ámbito judicial con la tuneladora que introdujo en la M-30 en sus polémicos tiempos como alcalde de Madrid. "Ha abierto el gran boquete, pero esto no es tan fácil como el soterramiento de una autopista, aquí no se puede trabajar por decreto", concluye un magistrado que conoce bien el paño.