El Anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial está levantando ampollas tanto en la carrera judicial como fiscal. Ante la previsión de que iban a saltar muchas voces contrarias, tanto el CGPJ como el Consejo Fiscal optaron por dar traslado a la carrera para que expongan sus posturas. Estos días se están ultimando tanto los informes como las propuestas, que principalmente recalcan, según ellos, la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de menoscabar la independencia judicial.
Desde las bases de la carrera judicial, el sentimiento que hay ante esta reforma, según varias fuentes consultadas, es abiertamente negativo. En líneas generales, los jueces están en contra de la implantación de los tribunales de instancia provinciales, al menos en su formulación actual. A su juicio, se busca hacer desaparecer los juzgados de los pueblos alegando el empleo de "economías de escala". Ante el estupor del texto, en sus sugerencias al anteproyecto, algunos jueces han recordado que "un juzgado no es una fábrica ni el aumento del número de sentencias o autos es un objetivo deseable, si no va acompañado de una mayor calidad de la Justicia".
Para miembros de la carrera, el concepto de economías de escala se utiliza como una excusa para la sobreexplotación del juez, así como para la reducción de su independencia. Tal como se lee en el propio texto, el objetivo es facilitar las "sustituciones" y la "reasignación de efectivos".
