En el marco de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha informado que presentará una oferta de empleo público para este año 2017 que será superior a la del año pasado, con una tasa de reposición del 100% de las jubilaciones que se produzcan en Justicia, lo que va en línea con lo que siempre ha solicitado STAJ en la Mesa Sectorial de Justicia. Es por ello que el Ministerio ha propuesto el máximo de plazas posible y que la tasa de reposición sea del 100%.
Aún no conocemos cuál será la Oferta de Empleo Público 2017 porque aún no se han presentado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del presente año 2017. La intención es que los Presupuestos se aprueben por el Consejo de Ministros el 31 de marzo, y posteriormente el Ministerio de Hacienda tiene intención de presentar los Presupuestos a las Cortes Generales la primera semana de abril. Será en ese momento cuando conoceremos oficialmente la cuantía de la Oferta de Empleo Público para Justicia, siempre con la cautela de que posteriormente deben ser aprobados.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda planea un proceso excepcional que permita reducir la temporalidad en las Administraciones públicas (incluída la Administración de Justicia) hasta el entorno del 8% en un plazo de al menos 3 años. La idea es ofertar unas 270.000 plazas para los próximos tres años. En las 270.000 plazas se incluyen personal funcionario y también personal laboral. Obviamente, aún no sabemos cuántas de esas plazas corresponderán a la Administración de Justicia. Debemos esperar a los Presupuestos del año 2017 y siguientes.
Hay que explicar que la convocatoria de estas plazas no supondrá la conversión de los funcionarios interinos en funcionarios titulares, sino que las plazas vacantes ocupadas actualmente por funcionarios interinos se ofertarán en las próximas ofertas de empleo público, y serán cubiertas cumpliendo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, y los requisitos legales de concurrencia pública y transparencia. No obstante, en los baremos de puntuación se podrá valorar, como mérito, el tiempo que un opositor ha estado desempeñando un trabajo al servicio de la Administración pública, es decir, aportar méritos por experiencia.
Esta idea es la que el ministro de Justicia nos transmitió el pasado día 2 de febrero, cuando nos anunció que la intención es que la convocatoria de oposiciones del año 2018 sería por el sistema de concurso-oposición.
Importa señalar que el sistema de concurso-oposición tiene un carácter excepcional, tal como señala el artículo 484 LOPJ y consiste en la realización de las pruebas correspondientes (exámenes) y en la valoración de determinadas condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia (títulos académicos, experiencia en la Administración, cursos de formación), en la forma que se establezca en la convocatoria. Los méritos se aportan una vez que se hayan superado el corte o los cortes que establezca el Tribunal Calificador, nunca antes.
Esta convocatoria de en torno a 270.000 plazas en tres años no supondrá un aumento de la plantilla de funcionarios de las Administraciones públicas puesto que muchas de las plazas que se ofertarán en la práctica ya están ocupadas por funcionarios interinos, y están presupuestadas económicamente.
