Malas noticias para la judicatura española. La organización Transparencia Internacional ha puesto nota a los jueces españoles, y los resultados no han sido muy buenos. La ONG destaca que la irresponsabilidad, la corrupción y la ineficiencia de los magistrados no es suficientemente sancionada en España.
La ONG, con sede en Berlín, censura que el órgano de control del Poder Judicial está "fuertemente politizado" y que los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia se nombran con una "relativa influencia política". "Existe un cierto incentivo para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores de sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos", advierte.
Según Fernando Santa-Cecilia, catedrático de Derecho Penal en la UCM, "en líneas generales el 90% de la judicatura está en una situación respetable e incluso envidiable con otros países, y cumple la función jurisdiccional con bastante respeto, pero siempre hay excepciones. La gran asignatura pendiente que tenemos es el estrecho ligamen que existe entre la judicatura y la política, como por ejemplo en el Consejo General del Poder Judicial".
En el ámbito de la Justicia, la organización también propone reforzar la independencia del Ministerio Público respecto al Gobierno. "Desde luego la Fiscalía Anticorrupción necesitaría de alguna manera reforzar la protección de su independencia", señala.
En el BOE de hoy 11 de enero aparece publicada la Orden JUS/3620/2011, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a los procesos selectivos para acceso a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa, de la Administración de Justicia (acceso promoción interna). 
Los jueces y magistrados de Cantabria resolvieron durante el primer semestre de 2011 más asuntos que los que se registraron en los Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma, situando la tasa de resolución (asuntos ingresados/asuntos resueltos) en un 1,03, superior a la media nacional (1,01), según datos del CGPJ difundidos por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).