El rechazo unánime de jueces y funcionarios a la transformación del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza en un nuevo juzgado de Primera Instancia ha dado resultado. De hecho, el Gobierno aragonés ha decidido olvidarse de la propuesta y no hacer cambios en la jurisdicción penal.
El ejecutivo autonómico se basó en un supuesto descenso de los litigios y las cargas de trabajo de los juzgados de instrucción de Zaragoza para proponer al Ministerio de Justicia el cambio. Sin embargo, las estadísticas de la DGA fueron rechazadas enseguida por el colectivo de magistrados de la Ciudad de la Justicia.
Las cuatro organizaciones sindicales que representan a los funcionarios de Justicia en Zaragoza, STAJ, CCOO, CSIF y UGT, calificaron también de "error" e incluso "provocación" querer aliviar las cargas de trabajo de la jurisdicción civil a costa de la penal. De ahí que este pasado jueves hayan vuelto a organizar una protesta en el vestíbulo de los juzgados para mostrar su desacuerdo con la protesta.
