STAJ, tras el gravísimo agujero de seguridad detectado que ha dejado al descubierto datos de procedimientos judiciales y de la propia arquitectura del sistema, exige la dimisión de los máximos responsables del fiasco que ha dejado al descubierto la chapuza del sistema de comunicaciones judicial LexNet.
STAJ ha dirigido escrito al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el que le recordamos que LexNet ha sido un verdadero martirio para su implantación y uso, que se ha producido sin formación a los funcionarios de Justicia y con ordenadores y sistemas informáticos de gestión pleistocénicos en toda España. Así el conjunto de la Justicia Digital en general, no sólo el sistema de comunicaciones LexNet, sino los visores de expedientes, SIRAJ (Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia), etc.
De aquellos polvos vienen estos lodos, a pesar de las múltiples exigencias de prudencia y seguridad en la implantación del sistema, que como concepto de justicia digital va por el camino correcto, se ha realizado una implantación y desarrollo en base a criterios mediáticos y publicitarios como proyecto estrella del Ministerio de Justicia. Este proyecto estrella no podemos considerarlo ni siquiera estrella fugaz, sino un auténtico agujero negro en las entrañas de la Justicia.
STAJ ha exigido al ministro información de hasta qué punto los datos personales de los funcionarios han sido vulnerados, y hemos propuesto que en virtud de la separación de poderes y al objeto de evitar suspicacias, el sistema LexNet sea puesto en manos del Consejo General del Poder Judicial para su control y llevanza.
STAJ en un principio pidió la suspensión de la implantación del sistema por la infinidad de problemas que su uso estaba comportando, problemas que han devenido en este derrumbe de seguridad de un sistema fundamental para un servicio esencial del Estado.
Amén de responsabilidades políticas, STAJ ha dirigido denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos para que se dirima hasta qué punto la vulneración de la intimidad de las personas debe tener consecuencias jurídicas, más allá de las políticas.
