Tras más de dos meses de negociaciones en grupos de trabajo entre los sindicatos y el Ministerio de Justicia, el pasado día 10 de julio ha tenido lugar la reunión de la Mesa sectorial en la que se ha alcanzado un principio de acuerdo que recoge las cuestiones más importantes de cara a la salvaguarda de los derechos de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial frente a la redacción original del anteproyecto que nos presentó el Ministerio de Justicia inicialmente.
Finalmente, y aunque no se recogen muchísimas de las alegaciones realizadas por los sindicatos, sí que se han aceptado por el Ministerio las más importantes, y que eliminan el riesgo de movilidad forzosa ordinaria que consagraba el texto original. Así, no sólo no se eliminan los partidos judiciales, sino que con los nuevos criterios de reparto provincial se mitigan las desigualdades en volumen de asuntos que se dan en muchos casos entre unos partidos judiciales y otros (que es lo que ponía en riesgo la permanencia de los menos saturados como sede judicial, y que podría hacerlos desaparecer ya hoy sólo con modificar los anexos de la Ley de Planta, sin necesidad de modificar la LOPJ).
Junto a eso, los centros de destino se mantienen referidos a la localidad y no a la provincia, desapareciendo el riesgo de movilidad forzosa ordinaria con la que se amenazaba en el texto original, y además se recoge el compromiso del Ministerio de un posterior desarrollo reglamentario en el que se pueda establecer una diferenciación más concreta no sólo de los puestos singularizados, sino también de los genéricos. Desarrollo reglamentario que también podrá mejorar el régimen de sustituciones y comisiones de servicio actuales.
Además, se crean las "Oficinas judiciales de Paz", que sustituirán a los actuales Juzgados de Paz y Agrupaciones, con competencias en actos de comunicación, mediación o conciliación, información y atención al ciudadano en materia de trámites procesales, primera orientación en materia de asistencia a las víctimas, recepción de escritos, y las funciones residuales que pudieran quedarles en materia de Registro Civil. Los funcionarios destinados en los actuales Juzgados de Paz permanecerán en esas "oficinas judiciales de Paz", garantizándose así el puesto de trabajo a casi tres mil funcionarios, en todo el territorio nacional, y ello aunque desaparezca el Registro Civil como servicio de Justicia (los primeros en "caer" serían los funcionarios destinados en Juzgados de Paz, al desaparecer una de sus principales funciones).
Todo ello, junto al resto de puntos aprobados, constituyen sin duda un importante avance que no sólo mantiene los derechos de los funcionarios puestos en serio riesgo, sino que en algunos aspectos se mejoran sustancialmente. Por ello las organizaciones CSIF, STAJ y UGT hemos alcanzado este principio de acuerdo (aún no se ha firmado nada), que quedará no obstante condicionado a la definitiva redacción que sea llevada al texto definitivo que se apruebe por el Gobierno para su inminente envío al Congreso para su tramitación parlamentaria, que se producirá antes de final de mes.
