Los más de 5.100 jueces y magistrados se enfrentan a una carga de trabajo de casi 1.900 litigios de media. Sobre sus espaldas, más de tres millones de asuntos en trámite. La litigiosidad, mientras tanto, sigue en aumento. Sólo en el periodo que va de 2005 a 2010 se ha incrementado en un 21 por ciento: de 7.728.699 a 9.355.526 asuntos con entrada en juzgados y tribunales anualmente. Y eso que, en estos cinco años, el número de jueces y magistrados ha aumentado en mayor proporción (22,7 por ciento), pasando de los 4.225 de 2005 a los 5.187 de 2010.
Las jurisdicciones civil y penal se sitúan en cabeza en número de causas (1,3 millones la primera frente a 1,1 millones la segunda). Inevitablemente, esa desproporcionada litigiosidad acarrea que los tiempos de tramitación de los asuntos sean prolongados: nueve meses y diez días de media en los Juzgados de lo Penal, siete meses y 21 días en los de Primera Instancia, y hasta trece meses en la Sala Primera del Tribunal Supremo. La palma, no obstante, se la llevan los Juzgados de lo Mercantil (dos años).
El último informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, que preside el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, concluye que en España hacen falta 423 nuevos jueces. No hace falta recordar que la ratio de jueces por habitante (en nuestro país hay 5.187 jueces y magistrados según los últimos datos del CGPJ) sigue siendo de las más bajas de los países miembros de la Unión Europea. Además, López mantiene que el número de asuntos sin resolver durante el 2010 alcance el 15% del total revela que el sistema está llegando a su límite.
