En la reunión celebrada ayer día 29 de marzo a instancias de los cuatro sindicatos de ámbito nacional STAJ, CSIF, UGT y CCOO, a la que también han sido convocados los autonómicos ELA y CIG, tras las presiones ejercidas por los sindicatos, el ministro anuncia que propondrá al resto de Grupos políticos una nueva "vacatio legis" de la Ley de 2011, que acordaba la desjudicialización.
- El ministro ha pretendido "tranquilizar" a los funcionarios asegurando que la idea del Ministerio es mantener la estructura y demarcación actuales, es decir, una oficina registral en cada Partido Judicial, y en los Juzgados de Paz.
- Reitera su compromiso por el mantenimiento del empleo, y especialmente de los Juzgados de Paz, sobre los que además propone que asuman nuevas competencias en materia de Justicia civil en asuntos de poca cuantía y en materia de mediación.
- No obstante, Catalá ha desvelado que algunas CCAA (concretamente Andalucía y Comunidad Valenciana) quieren que el Registro Civil salga de la Administración de Justicia y asumir las competencias que les corresponden según la Constitución en materia registral.
- Catalá también ha desmentido las informaciones relativas a supuestas tasas por expedición de partidas o práctica de inscripciones, que ha calificado de "esperpénticas".
STAJ ha manifestado que las palabras del ministro no coinciden con la letra de la propuesta de reforma de la Ley de 2011, que el Ministerio ha trasladado a las CCAA (una oficina por CCAA, Islas y Ciudades Autónomas, y otra más, optativa, por cada 500.000 habitantes, y las que se establezcan en función de geografía u otras características especiales). Por ello, para que los funcionarios y las organizaciones sindicales podamos estar plenamente "tranquilos", es preciso que:
- Se plasme por escrito todo lo que el ministro afirma de viva voz: Mantenimiento del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia y modificación de la Ley de 2011 para derogar la estructura registral que en el mismo se establece y que apenas se modifica en la propuesta ministerial.
- Que se mantenga la estructura actual del Registro Civil incluídos los Juzgados de Paz, sin vaciarles de competencias o dejándoles sólo competencias meramente residuales.
- Que, en consecuencia, se garantice que se mantienen los puestos de trabajo que actualmente se dedican a tareas registrales, y que éstos, en todo caso, serán cubiertos por funcionarios de Justicia.
- Que se lleven a cabo cuantas modificaciones legislativas sean precisas, incluída la LOPJ, para hacer efectivo lo anterior, para lo cual es preciso un nuevo período de vacatio legis, dentro del cual se debe negociar con las organizaciones sindicales todo lo que atañe a estructura y condiciones de trabajo.
Además, STAJ ha insistido en todas las cuestiones que reflejamos en nuestras alegaciones al texto de la propuesta de reforma, presentadas hace varias semanas, y hemos exigido:
- Que se reconozca el trabajo que en materia de Registro Civil desempeñan los funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial.
- Que no sólo los Letrados de la Administración de Justicia sean quienes ostenten el cargo de Encargados de Registro Civil, sino también los funcionarios del Cuerpo de Gestión, especialmente en los Juzgados de Paz y también en aquellas otras oficinas que así se establezca.
- Que la modernización tecnológica del Registro Civil sea real y no pase como con el expediente digital, que, hasta la fecha, está siendo un fracaso que ha empeorado notablemente el servicio público y está acabando con la paciencia de los funcionarios que lo padecen.
El Ministerio se ha comprometido a convocar mesas de trabajo para abordar todas estas cuestiones. STAJ se mantendrá firme en la defensa de un Registro Civil público, gratuito, cercano a los ciudadanos, con mantenimiento del empleo y de la estructura registral actual. No aceptaremos nuevos acuerdos que sólo sirven para ser incumplidos.