La situación de provisionalidad normativa que aún se mantiene respecto de los Registros Civiles, derivada del aplazamiento de la Ley que liberará a los jueces de la gestión de estos órganos, es la principal causa del colapso que padecen las comunidades autónomas que son competentes en dotarles de medios materiales y humanos. Así se señala en el último informe del Defensor del Pueblo.
En las respuestas que se reciben relacionadas con expedientes de Registro Civil se argumenta que se están aplazando las decisiones a tomar hasta que se clarifique definitivamente quién va a ser competente tras la entrada en vigor de la nueva normativa, una gestión que el Ministerio de Justicia trató de encargar inicialmente a los registradores sin que el proyecto pudiera finalmente aplicarse.