La reforma del Poder Judicial ya se conoce como la "Ley del Silencio", al impedir que los jueces y las asociaciones judiciales puedan opinar sobre un caso de interés público que esté en trámite. Las asociaciones sólo podrán hacer comentarios "de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados", dicta el anteproyecto. Y el catálogo sancionador es muy amplio.
Para algunos expertos jurídicos, la restricción de este derecho a opinar puede privar a la sociedad del criterio de los jueces en asuntos relevantes, lo que dificultará una correcta formación de la opinión pública. La reforma permitirá, además, al CGPJ ordenar a un medio de comunicación, un político u otro juez que dejen de informar o hablar sobre el trabajo de un magistrado que sienta "perturbada" su independencia judicial.
Ante las críticas a esta medida, Justicia se defiende aduciendo que les respalda la doctrina constitucional y que para nada va a coartar el derecho a la libertad de expresión de los magistrados.
