Los sindicatos de la Administración de Justicia UGT, CSIF, CCOO y STAJ, han explicado que "la decisión de entregar gratuitamente el Registro Civil al colectivo afín al Gobierno que son los Registradores de la Propiedad, se ha convertido en una fuente de conflictos entre funcionarios de Justicia y el ministro de Justicia Ruiz-Gallardón, dado que este colectivo está plenamente capacitado para continuar con el trabajo que vienen realizando sin que sea necesaria su privatización al ser financiado con los presupuestos públicos".
En los días que restan hasta la entrada en vigor de la nueva ley el 21 de julio de 2014, según los sindicatos "el Gobierno tiene tiempo para dar una solución a la llevanza del Registro Civil que reiteradamente por distintos colectivos y partidos políticos se le ha exigido que siga siendo público obteniendo la callada por respuesta, dado que en estos momentos es más importante un voto para Europa que mantener el derecho del ciudadano a obtener un servicio público gratuito".
