Los funcionarios han vuelto a salir a la calle contra "la privatización" de la Justicia y "en favor de los derechos de los ciudadanos" porque "va a repercutir en sus bolsillos". Vuelven a presentar batalla contra lo que consideran el "desmantelamiento" de la Justicia como servicio público o, lo que es lo mismo, contra la privatización del Registro Civil, la desaparición de los Juzgados de Paz y el pago de tasas por actos de comunicación y ejecución.
Estas son "algunas de las consecuencias derivadas de las reformas que el Ministerio tiene encima de la mesa", aseguraba en medio de una estruendosa pitada la presidenta de la Junta de Personal en Ciudad Real y responsable del STAJ, Carmen Romero.
Entiende que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pero no como se recoge en el anteproyecto, porque "es una auténtica barbaridad", remarcó la presidenta de la Junta de Personal.
