El Gobierno asegura que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de Justicia los que se encarguen de cualquier refuerzo del personal de los juzgados que realiza la tramitación de las demandas por casos de comercialización indebida de participaciones preferentes.
Así se lo dice a la portavoz de UPyD en el Congreso, quien criticaba que los medios de los que disponen los juzgados son "claramente insuficientes" a la luz de la "avalancha" de denuncias causadas por el caso de las preferentes.
En las regiones donde las competencias corresponden al Ministerio, hay actualmente 318 funcionarios interinos de refuerzo "por diversas y variadas causas", de los cuales 57 corresponden a la Audiencia Nacional -10 funcionarios de Gestión, 40 de Tramitación y 7 de Auxilio Judicial-.
