Así quedó acreditado el pasado miércoles durante el Pleno del Congreso, donde se han discutido dos Proposiciones No de Ley (PNL) que defienden la retirada de estos planes por considerar que, lejos de acercar la justicia al ciudadano, se camina en sentido contrario llegando a poner en peligro la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución.
El diputado del PP José Miguel Castillo Calvín ha propuesto una enmienda, que ha sido rechazada por el resto de parlamentarios, consistente en instar a que en la elaboración del proyecto de Ley de reforma de la Ley de Demarcación y Planta "se tengan en cuenta las especificidades geográficas, sociales y económicas propias de las diferentes Comunidades Autónomas, de modo que se diseñe una estructura organizativa judicial que sea flexible, moderna y especializada".
