El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha admitido la existencia de discrepancias "institucionales" con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, si bien asegura que ambos coinciden en la necesidad de "ampliar el horizonte de autonomía del Ministerio Fiscal de conformidad con el mandato constitucional".
Torres-Dulce ha subrayado que "claramente se ha instalado entre los ciudadanos la idea de que es inadmisible un Ministerio Fiscal teledirigido desde el Gobierno, ideologizado o al servicio de concepciones políticas determinadas".
Sobre el Código Procesal Penal, Torres-Dulce ha manifestado que "existe una percepción entre la ciudadanía de que hay injerencia de la política en las decisiones de la Justicia". Ha reiterado que no le parece "adecuada" la manera en la que el documento propuesta del grupo de trabajo concibe la función investigadora del fiscal en el nuevo proceso penal.
