Las elecciones que se celebraron el pasado 10 de octubre para renovar la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de España, ganadas por el candidato "opositor" Gonzalo Aguilera, ha supuesto un fuerte varapalo personal para Rajoy y para Gallardón. Ambos han pretendido de forma infructuosa privatizar el Registro Civil, un proyecto alentado por el lobby de la Asociación de Registradores Bienvenido Oliver (ARBO) en el que destaca como miembro activo Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno, y que ha generado una guerra sin precedentes dentro de dicho colectivo.
La gran derrotada, la candidatura oficialista denominada "Futuro Registral", contaba con Teresa Touriñan, Registradora de Vilalba (Lugo) y nuera de Gallardón, lo que ha producido un fuerte rechazo entre los electores, conllevando el vuelco electoral que ha pasado dura factura a la desastrosa política desarrollada desde el Ministerio de Justicia.
Sobre la privatización del Registro Civil, el propio Consejo del Notariado señaló en su momento que la reforma de los registros públicos sería un "lastre" para el tráfico jurídico. Además, expertos cualificados criticaron también el derroche que supondría la reforma al pretender "tirar a la basura" los cerca de 200 millones de euros invertidos, dentro del Plan Avanza, en la digitalización para facilitar los trámites, adquisición de inmuebles e infraestructuras realizadas.
En uno de sus muchos comentarios técnicos, el notario de Madrid Ignacio Gomá, subrayó: "Lo que a nadie se le oculta es que este coste -y el previsible más alto excedente para los registradores- no se cubrirá ya por los Presupuestos Generales del Estado, sino por los usuarios".
