El Código Penal ha sido sometido a treinta revisiones en los últimos quince años, incluyendo los cambios de la Ley Penal Juvenil, lo que supone aproximadamente dos reformas penales al año, algunas de ellas "muy profundas". Estos cambios tienen lugar en un país que cuenta con una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa Occidental y con la tasa de encarcelamiento más alta de esta área, después del Reino Unido.
La reforma del Código Penal se utiliza como "un instrumento de agitación política" para "activar emociones" y "calmar inquietudes", en vez de fundamentarse en datos, hechos y efectos, en opinión del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga Jose Luis Díez Ripollés.
En cuanto a las medidas para luchar contra la corrupción, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco José Luis de la Cuesta, más que reformas penales ha reclamado intervenciones integrales para asegurar la persecución de unos hechos frecuentemente complejos, que demandan la adecuada dotación de órganos especializados de investigación y de gestión, así como la consolidación de "una verdadera cultura de tolerancia cero de la corrupción".
