El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunió ayer martes en la sede del Ministerio con el vicesecretario general y la coordinadora del STAJ, José Luis Fernández y Emilia Rubio respectivamente, dentro de la ronda de reuniones que viene manteniendo el ministro con los diferentes colectivos relacionados con la Administración de Justicia.
La reunión, que tenía por objeto el intercambio de impresiones en torno a las reformas legislativas que está impulsando el Ministerio y que afectan a la Administración de Justicia, se centró fundamentalmente en el proyecto de traspaso del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y en algunos aspectos del proyecto de LOPJ que está ya en trámite parlamentario.
STAJ ha reiterado su firme oposición a la privatización del Registro Civil, y hemos vuelto a abogar por su mantenimiento como un servicio público, gratuito y dentro de la Administración de Justicia, como mejor garantía para los ciudadanos, y ha puesto de manifiesto que en cualquier caso el proyecto de traspaso a los Registros de la Propiedad y Mercantiles difícilmente podrá llevarse a efecto en la fecha del 15 de julio.
En este sentido, el ministro nos informa que la implantación del nuevo sistema a partir de esa fecha "no es un dogma" y que en cualquier caso es muy probable que no sea uniforme, pues dependerá del diferente estado del desarrollo de las plataformas informáticas y demás infraestructuras necesarias según los ámbitos. Se establecerá un régimen transitorio que aclarará todas estas cuestiones. De momento los Registros, dice, deben seguir trabajando con total normalidad.
La reunión, que tenía por objeto el intercambio de impresiones en torno a las reformas legislativas que está impulsando el Ministerio y que afectan a la Administración de Justicia, se centró fundamentalmente en el proyecto de traspaso del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y en algunos aspectos del proyecto de LOPJ que está ya en trámite parlamentario.
STAJ ha reiterado su firme oposición a la privatización del Registro Civil, y hemos vuelto a abogar por su mantenimiento como un servicio público, gratuito y dentro de la Administración de Justicia, como mejor garantía para los ciudadanos, y ha puesto de manifiesto que en cualquier caso el proyecto de traspaso a los Registros de la Propiedad y Mercantiles difícilmente podrá llevarse a efecto en la fecha del 15 de julio.
En este sentido, el ministro nos informa que la implantación del nuevo sistema a partir de esa fecha "no es un dogma" y que en cualquier caso es muy probable que no sea uniforme, pues dependerá del diferente estado del desarrollo de las plataformas informáticas y demás infraestructuras necesarias según los ámbitos. Se establecerá un régimen transitorio que aclarará todas estas cuestiones. De momento los Registros, dice, deben seguir trabajando con total normalidad.