Los funcionarios del Registro Civil de la calle Pradillo de Madrid se manifestaron frente a la puerta del organismo público. Al grito de "Catalá escucha: Justicia está en la lucha" han expresado su rechazo a las intenciones del Gobierno de Rajoy de privatizar un servicio básico para la ciudadanía y en el que se manejan datos de indudable confidencialidad.
El ministro Rafael Catalá ha continuado con los planes privatizadores de Gallardón. El pasado martes el BOE publicaba el acuerdo de encomienda de gestión de los expedientes de nacionalidad de inmigrantes al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles por valor de cuatro millones de euros. Creen que esos millones se podían haber invertido directamente en el Registro Civil actual para dotarles de los medios necesarios para hacer su trabajo. La precariedad de sus condiciones de trabajo es tal que hasta la Defensora del Pueblo se ha hecho eco de su situación.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), mayoritario en la Comunidad de Madrid, tilda directamente de "pelotazo" los planes del Gobierno del PP de privatizar los registros entregando su gestión a los registradores. Recuerdan los lazos del presidente del Gobierno y el ministro que inició la reforma, Alberto Ruiz Gallardón, con los registradores: es la profesión de Rajoy, la de sus dos hermanos y la de la nuera y un cuñado del exministro. "La privatización de los Registros Civiles en España y que la misma sea liderada por esta saga familiar, como mínimo, huele muy mal".
