Con el BOE del pasado día 7 de abril pudimos ratificar como la información que dio el ministro de Justicia en la Conferencia Sectorial de Justicia del día 8 de abril, su versión desacreditada y carente de credibilidad sobre la gratuidad del Registro Civil, es mentira.
El Gobierno pagará cuatro millones de euros al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que sigan realizando la gestión de los expedientes de nacionalidad que ya tenían encomendada desde 2012, sin que durante este tiempo hayan recibido cantidad alguna. Estos cuatro millones de euros saldrán del erario público, e irán directamente a los Registradores por hacer algo que en ocasiones anteriores ya habían hecho sin costar ni un solo euro.
La resolución publicada el martes 7 de abril se une a otras medidas que pueden salir adelante en esta legislatura para incrementar los ingresos de los Registradores. Por ejemplo, creando nuevos aranceles y gestiones obligadas en el Registro para que incrementen sus ingresos, y que hasta ahora no era necesario realizar. De hecho, un documento de Justicia recogía exigencias y aportaciones en ese sentido de los Registradores.
Esa será la forma de financiar a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles la llevanza del Registro Civil. De gratis, tal como dice el ministro, nada de nada. Es simplemente mentira.
La figura utilizada para otorgar la tramitación de los expedientes de nacionalidad -y sus correspondientes cuatro millones de euros- será una "encomienda de gestión", es decir, el Ministerio encomienda a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que gestionen la tramitación de los expedientes de nacionalidad, algo que ya se hace como función propia en los Registros Civiles.
Esta encomienda -y sus correspondientes cuatro millones de euros- se otorga bajo la vil y abyecta excusa de una mejor eficacia o porque no se poseen los medios técnicos idóneos para su desempeño por parte del Registro Civil. Hay que ser miserable y de baja condición moral para argumentar tal cosa.