El pasado jueves día 16 se ha celebrado reunión de trabajo en el seno de la mesa sectorial del Ministerio de Justicia. En la reunión, el Director General de los Registros y el Notariado ha tratado de explicar los motivos del Gobierno para apostar por los Registradores de la Propiedad, insistiendo en los argumentos que venimos escuchando reiteradamente desde el Ministerio y de boca del propio ministro de Justicia.
STAJ, como venimos diciendo de forma reiterada, se opone a que los Registros de la Propiedad asuman el Registro Civil por las razones que hemos repetido hasta la saciedad. Pero además, para STAJ se confirma que la Ley de 2011 es inviable, y por ello hemos exigido nuevamente su derogación, insistiendo en que el Registro Civil debe modernizarse pero manteniéndose como un servicio propio de la Administración de Justicia y servido enteramente por funcionarios de Justicia, único colectivo que está dispuesto a llevarlo, pues ni siquiera los Registradores de la Propiedad lo quieren.
Es un auténtico despropósito querer modificar un modelo cuyo cambio es extremadamente complejo, a lo que, encima, se le añade la dificultad de trasladarlo físicamente y sustituir las personas que ahora lo gestionan. ¿No sería más fácil implantar el nuevo modelo de forma paulatina pero con las mismas oficinas y funcionarios que lo vienen haciendo desde hace siglo y medio?
En cualquier caso, dado lo atrasado del desarrollo del nuevo modelo y el nulo consenso social y profesional existente en la materia, además de la derogación del RDL por el que se privatiza el Registro Civil, STAJ ha exigido una nueva prórroga de la entrada en vigor de la ley, con el objeto de revisar el modelo completamente de modo que el servicio permanezca dentro de la Administración de Justicia.
El próximo 27 de abril habrá una nueva reunión. Previamente se nos entregará un informe explicativo de todo el período transitorio, así como de la situación en la que quedarán las plantillas y las propuestas que tiene el Ministerio al respecto, sobre lo cual quiere lograr el máximo consenso con las organizaciones sindicales.
