Anunciaba el presidente del Gobierno en su discurso de investidura que el nuevo Ejecutivo acometería una reforma de la Ley de Subvenciones que, con carácter general, eliminaría las que tuvieran el carácter de nominativas. Es decir, las que identifican el destinatario. Igualmente, se comprometía a establecer un control más riguroso de las subvenciones incrementando la transparencia en su otorgamiento, ejecución y evaluación de su impacto.
Hoy, más de tres años después, las subvenciones, incluídas las nominativas, siguen siendo una piedra angular de la política económica. Hasta el punto de que el año pasado las distintas administraciones públicas concedieron ayudas por valor de 10.980 millones de euros. La cifra equivale al 1% del Producto Interior Bruto (PIB), y lo que no es menos relevante: ha ido creciendo año tras año desde 2012. En concreto, el sector público concedió el año pasado algo más de 1.000 millones de euros más en subvenciones de las que entregó cuando el presidente Rajoy hizo su anuncio.
