Esta organización argumenta que esta situación es achacable a la política judicial errática de los sucesivos Ministerios de Justicia que nos sitúa como país de Europa que tiene una media de jueces/habitante 10 puntos por debajo de la media europea.
JpD entiende que los funcionarios que nutren el servicio público de Justicia llevan cinco años con una sobrecarga de trabajo insufrible, que aumenta, como es lógico, la posibilidad de errores, en temas tan sensibles como la justicia penal, social o de familia y que, además, redunda en un descenso de la calidad del servicio que se presta al ciudadano, derivado del aumento de las esperas para la resolución de sus conflictos y la satisfacción de sus derechos.
