El colectivo de jueces sustitutos se encuentra con el agua al cuello. La causa es la llamada Ley de Medidas de Eficiencia Presupuestaria de la Administración de Justicia, que reduce de 60 millones de euros a ocho la partida destinada a ellos. «Una inocentada» aprobada por el Gobierno el pasado 28 de diciembre que dejará en la calle a la mayoría de los interinos, algunos con más de 20 años de antigüedad que han ocupado las plazas periféricas que los titulares no querían.
«Se trata de un ERE encubierto», resume el magistrado Carlos Preciado, de la asociación Jueces para la Democracia. Las consecuencias, cuenta, serán «catastróficas» y se harán visibles desde mayo. Aumentará la sobrecarga de trabajo y habrá más lentitud en los procesos con el consiguiente enfado de los ciudadanos. Para algunos jueces «de trinchera» será letal, advierte.
La Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, no reconocida por el CGPJ, prepara una batería de medidas si se consuma la supresión de sus puestos, entre las que se podría incluir una denuncia laboral por ERE colectivo o reclamaciones de cantidades impagadas.
