La Defensora del Pueblo se ha preocupado, en su informe anual que ha presentado recientemente, por las "dilaciones indebidas" en la Justicia, que especialmente se dan en Madrid y que suponen "un empobrecimiento democrático incuestionable". "Nuestros poderes públicos, a pesar de sus innegables esfuerzos, se han mostrado, hasta el momento, claramente incapaces de ofrecer una solución definitiva y sostenida en el tiempo", ha señalado Soledad Becerril.
Especialmente llamativo es el caso de las dilaciones jurisdicciones social y mercantil, que han experimentado "un considerable incremento de volumen de trabajo" como consecuencia de la crisis económica. La Defensora del Pueblo también ha mostrado su asombro por que una Administración demandada "pueda tardar años" en el trámite de remisión del expediente administrativo al órgano judicial competente para que este pueda empezar a valorar el caso planteado; "y en otros supuestos, incluso, la propia Administración retarda conscientemente la ejecución de resoluciones judiciales adversas a sus intereses".
"El abrumador trabajo que pesa sobre los órganos de nuestro sistema judicial y sus deficiencias estructurales, si bien pueden eximir de responsabilidad a las personas que los integran, no convierten una dilación indebida en lícita, dado que ello supondría restringir el contenido del derecho fundamental, constitucionalizado en el artículo 24.2 de nuestra norma fundamental", ha concluido Soledad Becerril.
