Los funcionarios del Registro Civil Central han pedido este jueves la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con el que trabaja su Departamento, todavía en proceso de debate, y han denunciado que la reforma convertirá el registro en un "negocio privado y especulativo al servicio de la familia y parientes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro".
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Los funcionarios del Registro Civil Central han pedido este jueves la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con el que trabaja su Departamento, todavía en proceso de debate, y han denunciado que la reforma convertirá el registro en un "negocio privado y especulativo al servicio de la familia y parientes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro".
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Los funcionarios de Justicia han pedido ayer jueves la dimisión del ministro Gallardón, por el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con el que trabaja su departamento, todavía en proceso de debate, y han denunciado que la reforma convertirá el registro en un "negocio privado y especulativo al servicio de la familia y parientes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro".
La coordinadora de STAJ, Emilia Rubio, ha criticado que la reforma va a "pasar los registros civiles a los registradores de la propiedad". "¿Son funcionarios públicos? Sí, pero también es un negocio porque son privados y, además, es un colectivo que recibe aranceles y que su personal no es un profesional de justicia", ha destacado.
Rubio ha recordado que los funcionarios de justicia tienen "un deber de secreto, una serie de condiciones laborales específicas y provisionales", así como que esta privatización se produce tras una inversión para modernizar, informatizar y digitalizar los registros civiles de 128 millones de euros de dinero público, que ahora se "aprovecharán" para una gestión privada.
Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STAJ han emprendido una campaña de recogida de firmas en contra de la reforma de los registros civiles impulsada por el Gobierno que, según sus datos, supondrá la supresión de 3.500 empleos en la Administración de Justicia.
La noticia en europapress.es , lainformacion.com
