Se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, medidas entre las que se incluye el trasvase de la gestión de las clases pasivas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es decir, que el sistema de jubilación para quienes ingresaron antes del año 2011 ya no depende del Ministerio de Hacienda.
La medida se ha dictado por vía urgente y al amparo de la extraordinaria situación actual, obviando el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria. Una metodología que ya se está convirtiendo en un cuestionable hábito.
Desde STAJ hemos advertido reiteradamente a la administración que no se pueden tomar estas decisiones de calado por la vía del decreto ley, sin posibilidad de una reflexión previa o de una mínima intervención de las fuerzas sindicales y del resto de representantes parlamentarios.
Estamos hablando de temas que nos pueden afectar directamente y no es admisible que con la excusa de la emergencia sanitaria se esté aprovechando para imponer dudosas medidas o para sacar de los cajones todo tipo de ideas o proyectos que quizá no superarían un debate más sosegado.
Qué puede suponer este cambio. En principio, lo que establece el Decreto Ley se puede resumir en los siguientes puntos: