Con el avance de la crisis sanitaria, De la Mata pidió voluntarios para que se llevasen expedientes a casa de una macrocausa y así lo transmitió a través de la letrada de la Administración de Justicia a cargo de su juzgado. Fueron varios los funcionarios que se negaron, sosteniendo que no se trataba de un asunto en el que hubiera que trabajar estando la Audiencia Nacional en servicios mínimos. No habiendo implicados en prisión provisional, esta tarea no tendría carácter urgente.
Finalmente, se recabó una lista de funcionarios dispuestos a seguir con la causa a distancia, y agentes de la Policía Nacional, por disposición del juez, trasladaron las cajas de documentación a cada uno de sus domicilios. Sin embargo, la decisión degeneró en malestar en la plantilla y fue trasladada a los representantes sindicales, quienes cuestionan, en primer lugar, que los voluntarios fueran tales.
STAJ pone el acento en el riesgo para la integridad de las actuaciones y su confidencialidad, algo que no se podría "responsabilizar" a esos funcionarios fuera de la sede.
