Las sentencias por delitos relacionados con la corrupción (cohecho, malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias o fraudes comunitarios) se han incrementado un 151% en los últimos tres años, según revela la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012.
En el último trienio la incoación de causas por este tipo de delitos creció en un 17% con una clara preponderancia de la prevaricación administrativa, que supuso un 23% del total de delitos relativos a la corrupción que se iniciaron durante todo el año pasado.
En todo caso, los máximos históricos de corrupción en la presentación de escritos del Ministerio Fiscal se registraron en 2011, año en el que se presentaron un total de 235 acusaciones. El delito más repetido fue el de malversación de caudales públicos que durante ese año representó un 40% del total seguido del de prevaricación administrativa, que alcanzó un 26%.
La corrupción es, según el fiscal general, una de las cuestiones que más debilitan la fortaleza moral de la sociedad y ha mostrado su preocupación porque afecte al funcionamiento y prestigio de la Administración de Justicia, "que queda en evidencia cuando no es capaz de dar una respuesta solvente y tempestiva a cada una de sus manifestaciones".