Este es el caso de los procesos de despido en los que se haya invocado la vulneración de derechos fundamentales, cuyo número ha aumentado "considerablemente" debido a la crisis económica. "Ello se ve sin duda cualificado por el matiz jurídico que se deriva del hecho de que de progresar tal invocación se declararía la nulidad del despido y el afectado podría acceder a una resolución de nulidad que propicie la conservación del puesto de trabajo", señala la Memoria.
