En plena vorágine de desprestigio del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente, Carlos Dívar, en particular, el Ministerio de Justicia lanza un globo sonda. La Comisión creada para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial estudia recortar los vocales que componen el órgano de los jueces.
Aunque pueda sonar a castigo, el CGPJ está de acuerdo con esta modificación. Fuentes judiciales explican que ha sido el propio Consejo quien propuso esta medida al Ministerio. El problema es el trasfondo de este anuncio. El Poder Judicial teme que sea una maniobra de Gallardón para recortar las competencias del Consejo. Entre las competencias que podrían recortar es todo lo relativo a la Oficina Judicial, es decir, modernización y ley de planta, entre otros. Este Consejo ha puesto en entredicho la actuación de este y del anterior Gobierno, en lo que a la modernización se refiere.
La inversión realizada por Justicia para modernizar todo el sistema informático de los juzgados españoles ha sido un fracaso. El error de base es la transferencia de competencias en materia de Justicia que ha provocado que las comunidades autónomas tuvieran sistemas incompatibles y, por tanto, la inversión ha sido prácticamente inservible. Gallardón heredó una patata caliente de 400 millones de euros invertidos en un fracaso y el CGPJ le ha instado en varias ocasiones a solucionarlo. Hasta el momento, el dirigente popular se ha abstenido de explicar cómo va a resolverlo. Si finalmente quita esas competencias al órgano de los jueces ya no recibirá las presiones del Poder Judicial.
