El Pleno del Consejo General del Poder Judicial es consciente del menoscabo que para la imagen del TS y del Poder Judicial en su conjunto ha supuesto la polémica de los viajes de Carlos Dívar y posteriormente de Miguel Collado. Consecuencia de ello ha sido “el surgimiento de un clima de recelo y desconfianza hacia la gestión y el uso de los recursos públicos que el Estado pone a disposición del órgano de gobierno de los jueces, situación que ha podido afectar incluso a la percepción que los ciudadanos tienen de la por otra parte encomiable labor que realiza cada día la judicatura española” según especifica el propio CGPJ. Por ese motivo se ha acordado la elaboración de un “Plan de trasparencia y austeridad”.
