El Consejo General del Poder Judicial está decidido a poner encima de la mesa del Ministerio de Justicia una serie de propuestas concretas que puedan servir para aligerar la insoportable carga de trabajo que tienen en estos momentos los juzgados y tribunales de nuestro país. Pese a que, en líneas generales, se resuelven más asuntos de los que ingresan, los procedimientos que esperan una resolución no logran disminuir.
En el último Pleno del CGPJ ya se adelantaron las líneas generales de ese plan para «la reducción de la litigiosidad». Las propuestas recogidas en ese informe se centran en cinco aspectos esenciales: mediación, arbitraje, conciliación, desjudicialización de determinadas faltas o dar más atribuciones a los jueces de paz en esta materia, y, como principal novedad, la de multar a los abogados –y no a los clientes– por reclamaciones que desde un principio se observe que no tienen fundamentos y puedan catalogarse de «frívolas».
En relación con este último punto se busca penalizar a quien litiga sin fundamento alguno y conociendo que sus pretensiones no van a ser admitidas, o quien opta por insistir en la vía judicial cuando ha podido lograr un acuerdo previo que evite los juzgados. En este sentido, se considera positiva la introducción de multas a los abogados que presenten alegaciones o recursos en asuntos que están «groseramente infundados» o que, en realidad, lo que persiguen son fines «espurios», como dilatar injustificadamente el cumplimiento de una resolución.
