Del garaje del narco al vertedero. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tuvo que destruir un 44% de los 2.134 bienes incautados a traficantes de droga que gestionó en 2011.
Entre los objetos achatarrados había 250 vehículos y 58 embarcaciones, así como un elevado número de teléfonos móviles y equipos informáticos, según se recoge en el informe anual enviado a Congreso y Senado por este órgano dependiente del Ministerio de Sanidad. En dicho documento, el delegado del plan incide en "la necesidad de agilizar" los procedimientos de venta para poder venderlos antes de que pierdan todo su valor o, en su defecto, proceder a su destrucción lo antes posible "para reducir los costes de depósito".
Entre los objetos achatarrados había 250 vehículos y 58 embarcaciones, así como un elevado número de teléfonos móviles y equipos informáticos, según se recoge en el informe anual enviado a Congreso y Senado por este órgano dependiente del Ministerio de Sanidad. En dicho documento, el delegado del plan incide en "la necesidad de agilizar" los procedimientos de venta para poder venderlos antes de que pierdan todo su valor o, en su defecto, proceder a su destrucción lo antes posible "para reducir los costes de depósito".
La petición de 'acelerar' la subasta de los mismos no es, sin embargo, nueva. De hecho, en algunos casos los juzgados que instruyen los sumarios contra narcos permiten al Fondo de Bienes Decomisados que venda o destruyan los objetos intervenidos a los presuntos traficantes antes de que haya sentencia firme contra éstos. "Si finalmente es absuelto y el objeto se ha subastado, se le entrega a él el dinero conseguido con la venta", recalcan desde la Delegación. No obstante, esta medida no está, ni mucho menos, generalizada ya que la decisión final de hacerlo queda en manos de los magistrados. Por ello, el informe recalca la necesidad de reformar la ley que rige del Fondo para generalizar la subasta o destrucción de los mismos antes de que la Justicia haya dicho su última palabra. Los datos le dan la razón.
Llamativo es el número de bienes decomisados que, según el informe, han desaparecido y de los que ni los juzgados ni el Fondo tienen noticia de su paradero. El año pasado fueron 325, un 64% más que en 2010. En el periodo 1996 a 2011, la cifra subre hasta los 2.222, cerca de un 10% del total de bienes decomisados. El informe reconoce que la mayoría de ellos han sido "incendiados, robados o destruidos" y que el Fondo se ha visto en la obligación de clasificarlos como bienes "no recepcionables".
