El Tribunal Constitucional de Portugal ha considerado ilegal el recorte de las pensiones de los funcionarios incluído en los Presupuestos del próximo año por considerar que "viola el principio de confianza consagrado en la Constitución". Los 13 magistrados han entendido, en una sentencia unánime, que el Gobierno no puede quitar a los pensionistas unos derechos adquiridos durante años.
El Ejecutivo tenía previsto ahorrar 388 millones de euros -el 12% del total de la reducción del gasto- mediante el recorte del 10% en las pensiones superiores a 600 euros y la revisión del cálculo de estos pagos.
Los magistrados han apuntado que la medida no puede ser justificada como imprescindible en aras de un interés público como la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social por no suponer una "reforma estructural".
