El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha subrayado que sancionar por la vía administrativa conductas que antes se sometían a juicio, tal como prevén la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, está en la línea de lo que hacen otros países europeos y "aumentará para bien la agilidad" del Estado a la hora de "salvaguardar la seguridad".
Gallardón ha defendido que no tenía sentido que para sancionar algunos comportamientos tipificados como "faltas" hiciese falta un "procedimiento con juez, fiscal, abogado y procurador" y ve más conveniente que se traten por la "vía gubernativa".
Por su parte, el Consejo de Europa, la institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, calificó de "altamente problemática" la propuesta de ley de Seguridad Ciudadana presentada por el Gobierno español. Nils Muiznieks, su responsable de derechos humanos, duda de que "estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática" para mantener el orden público y cree que se debería velar por la seguridad "sin interferir demasiado en la libertad de reunión" y de manifestación.
El comisario del Consejo de Europa ve problemas en el borrador de la ley desde el punto de vista de la seguridad jurídica y también de la proporcionalidad.
