Alberto Ruiz-Gallardón se ha quedado sólo en su pretensión de dar la vuelta a la Justicia. Jueces y fiscales de todas los sectores ideológicos ya han anunciado su rechazo a sus últimos planes legislativos. Y hasta un cargo nombrado por el Gobierno del que forma parte el propio Gallardón, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha criticado sus reformas en público.
Lo hizo por partida doble, en el solemne acto de apertura del año judicial y en el texto de la Memoria de la Fiscalía que presentó, y no fue el único en hacerlo. En el mismo ceremonia, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, también se despachó con una andanada en voz alta. Críticas sin sordina que tuvieron eco y respaldo en los corrillos del cóctel posterior al acto, donde era difícil, casi imposible, escucharse en ellos unas palabras de apoyo a las propuestas de Gallardón.
Y es que la lista de reclamaciones de la judicatura es amplia. En primer lugar, piden que se vuelva a invertir en Justicia pese a los recortes porque consideran que ha sido precisamente la crisis la que ha incrementado considerablemente el volumen de trabajo de los juzgados. "No hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia", recalcan. En este sentido, critican que por primera vez se haya congelado la convocatoria de plazas judiciales, fiscales y oposiciones, y los recortes salariales a los funcionarios que también les han afectado a ellos.
Hoy están convocadas juntas extraordinarias de jueces en toda España para que puedan expresar su malestar y debatir las medidas de protesta a tomar en las próximas semanas.
