Asistimos en nuestro país a un importantísimo incremento de la litigiosidad que, junto a una Administración de Justicia tradicionalmente obsoleta, dan como resultado una percepción por el ciudadano de un pésimo servicio público que se refleja en todas las encuestas.
Lejos de adoptar políticas adecuadas al incremento presupuestario en la Administración de Justicia, asistimos a grandes despilfarros con inversiones inútiles y erróneas como la mala implantación de la Nueva Oficina Judicial, de la Digitalización, con recortes en materia de personal (tanto en retribuciones, en plantillas, en derechos laborales...) lo que ha llevado a un mayor colapso, que sólo la buena disposición de los empleados públicos de la Administración de Justicia para con el servicio público que defendemos, están sabiendo sacar adelante con mucho esfuerzo los asuntos judiciales de los ciudadanos. Imposible de mantener este esfuerzo de los trabajadores en el tiempo por el volumen y condiciones de trabajo y porque están claramente desmoralizados por los continuos ataques a nuestros derechos laborales y la falta de expectativas profesionales y económicas, y las campañas de desprestigio generadas.