Al hilo de la confusión reinante sobre los criterios de aplicación de la supresión de la paga extraordinaria, que supondrá en el conjunto del Estado un ahorro de 4.000 millones de euros, técnicos del departamento que dirige Cristóbal Montoro aclararon que en ningún caso los cargos políticos electos estarán afectados por dicha medida.
Con ello podrá llegar a producirse que los empleados de un ayuntamiento pierdan el 7,1 % de sus sueldos, el porcentaje correspondiente a la extra de diciembre, mientras que los concejales y miembros del equipo de Gobierno no vean mermadas ni un ápice sus retribuciones si así lo deciden.
Aunque el real decreto sí deja constancia de que el recorte incluye a los altos cargos del Gobierno central, sus órganos consultivos, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, de Cuentas y Defensor del Pueblo, Hacienda aclara que no puede incluir en dicha medida a los representantes políticos de las corporaciones locales y diputados provinciales, dado su régimen de autonomía local.
Solo por acuerdo de los respectivos plenos puede adoptarse por tanto una decisión en la misma línea que la decretada por el Ejecutivo de Rajoy, como también depende de los Parlamentos de las comunidades e incluso de las Cortes la aplicación de una medida solidaria con el recorte que sufrirán los funcionarios.
