El acogimiento familiar de un niño o adolescente que ha tenido que ser separado de su familia de origen ya no será dictado por un juez, sino que será competencia de las entidades públicas de protección de la infancia, según el documento de reforma de la legislación de protección de los menores que prepara el Gobierno.
De esta forma, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales junto con el Ministerio de Justicia quieren "desjudicializar" este procedimiento de ubicación temporal de un menor con el objetivo de "agilizar y mejorar" la tramitación actual, que, según advierten en el texto, genera "complicaciones procesales, dilaciones y duplicidad de procedimientos". Además, advierten de que se va a dar "prioridad" en el acogimiento familiar a los casos de niños menores de tres años.
Para "mejorar" el proceso de la tramitación de la adopción, el grupo de trabajo de Sanidad y Justicia que está elaborando esta reforma establece que no será necesario el asentimiento de los padres biológicos, previsto con carácter general cuando hubieran transcurrido dos años sin que estos hubieran revocado la declaración de desamparo de su hijo.
