El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, ha decidido asumir la investigación sobre el presunto fraude descubierto en contratos informáticos del Departamento vasco de Justicia entre los años 2000 y 2009, para impedir "cualquier sospecha de falta de imparcialidad" en el fiscal jefe de Álava.
El pasado día 9 la portavoz del ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, desveló que el Departamento de Justicia, dirigido entre 2000 y 2009 por Joseba Azkarraga (EA), habría pagado 23 millones de euros por una quincena de contratos sobre mejoras informáticas en la Administración de Justicia que sin embargo no se habían ejecutado.
Josu Izagirre, fiscal jefe de Álava, envió un escrito a su superior directo, Juan Calparsoro, en el que le pedía que estudiara la posibilidad de no encargarle este caso debido a que había causas personales y profesionales por las que se podría cuestionar su imparcialidad. Una de ellas es que Izagirre durante la anterior legislatura, cuando se produjeron los hechos denunciados ahora por el Gobierno Vasco, interpuso un recurso junto a otros fiscales en contra de la decisión del Departamento de Justicia, dirigido entonces por Azkarraga, de retirar los pisos que ocupaban los responsables de los jueces y fiscales del País Vasco, petición que fue desestimada.
"Para evitar cualquier atisbo o sospecha de imparcialidad", Calparsoro se acoge a un artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que permite a los superiores jerárquicos inmediatos asumir un determinado asunto o designar a otro fiscal para que lo tramite, mediante una resolución motivada.
Josu Izagirre, fiscal jefe de Álava, envió un escrito a su superior directo, Juan Calparsoro, en el que le pedía que estudiara la posibilidad de no encargarle este caso debido a que había causas personales y profesionales por las que se podría cuestionar su imparcialidad. Una de ellas es que Izagirre durante la anterior legislatura, cuando se produjeron los hechos denunciados ahora por el Gobierno Vasco, interpuso un recurso junto a otros fiscales en contra de la decisión del Departamento de Justicia, dirigido entonces por Azkarraga, de retirar los pisos que ocupaban los responsables de los jueces y fiscales del País Vasco, petición que fue desestimada.
"Para evitar cualquier atisbo o sospecha de imparcialidad", Calparsoro se acoge a un artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que permite a los superiores jerárquicos inmediatos asumir un determinado asunto o designar a otro fiscal para que lo tramite, mediante una resolución motivada.
