Doce años después de la instauración del Tribunal del Jurado en España, las asociaciones judiciales y otros expertos abogan por reducir el numero de delitos de los que conoce a los más graves y menos técnicos, lo que además conllevaría un importante ahorro para las arcas públicas.
La Ley del Jurado, que se aprobó en 1995, contempla que este tribunal sea competente para enjuiciar los delitos de homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos e infidelidad en la custodia de los presos. Las tres principales asociaciones judiciales españolas (APM, AJFV y JpD) coinciden en que habría que revisar ese catálogo de delitos.
Precisamente este martes, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha planteado en TVE la necesidad de "reflexionar sobre qué delitos tienen que ser juzgados" por el Tribunal del Jurado, aunque no se ha referido a ninguno en concreto.
