Este jueves ha vuelto a haber concentraciones a las puertas de los juzgados para recordar que la privatización del Registro Civil supone un expediente de regulación de empleo encubierto, amortización a corto y medio plazo de puestos de trabajo, menos plazas para las oposiciones, menos oportunidades de promocionar, menos plazas en concursos de traslados y menor tasa de renovación de plantillas.
En Salamanca, José Antonio Gómez, del STAJ, ha manifestado su esperanza en que el Gobierno "recupere la sensatez y la razón" y finalmente se mantengan los registros como un servicio público. Gómez asegura que "no hablamos de quién pierda o quién gane, es un servicio adquirido por los ciudadanos. El ciudadano va a ser el que acabe perdiendo" (VER VIDEO).
En Lérida, en un acto simbólico, los funcionarios han "sorteado" el Registro Civil. Jorge Mostacero, del STAJ, ha apuntado que en manos privadas el coste de los trámites podría estar "oscilando entre los diez o doce euros que podría costar la emisión de un certificado hasta los 60 o 100 euros por trámites más largos".
En Córdoba, José Gómez, del STAJ, aseguró que se perdería "la protección especial existente en el tratamiento de los datos del estado civil de los ciudadanos que deben ser custodiados en archivos especiales".
En Córdoba, José Gómez, del STAJ, aseguró que se perdería "la protección especial existente en el tratamiento de los datos del estado civil de los ciudadanos que deben ser custodiados en archivos especiales".
