Un año de negociaciones -y de polémica- sobre el cambio de gestión del Registro Civil ha terminado con la ruptura entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores, el colectivo en el que teóricamente se iba a delegar el servicio que ahora realizan funcionarios judiciales. Según publica el diario El País, Justicia da por definitivamente rota esa negociación y busca ahora fórmulas alternativas (aunque aún sin descartar que el Registro Civil pase a manos de colectivos no judiciales). El portazo se ha producido porque los registradores se negaban a hacer ese trabajo gratis: exigían poder cobrar aranceles a los ciudadanos por algunos trámites.
Porque las incertidumbres alrededor del Registro Civil todavía no se han despejado, es por lo que debemos continuar con las movilizaciones, empezando por las concentraciones de los jueves, que habremos de proseguir hasta que el Ministerio de Justicia renuncie a sacar el Registro Civil de la Administración de Justicia.
