Magí Ribas Alegret, abogado especialista contra la corrupción, ha suscitado al respecto una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. A juicio de este letrado, la intervención obligatoria de procurador constituye un denostado anacronismo del sistema judicial español, que carga al justiciable con un gravoso sobrecoste. "La supresión del procurador agilizaría los trámites y facilitaría el acceso a la Justicia, un hito que resultaría, sin duda, histórico", explica.
Hay que tener además en cuenta que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) reitera poner fin al monopolio de la representación de los procuradores y abrir la actividad a la abogacía. Resulta inadmisible que ciertos procuradores hagan lobby en los juzgados", denuncia Ribas. "Los abogados somos los primeros en exigir transparencia y decir basta a los seculares rincones opacos de la Justicia", sentencia.
