Son muchas las amnistías que cada año pasan desapercibidas para la opinión pública. Desde 1996 se han aprobado en España más de 10.000 indultos, y eso que según las cifras del Ministerio de Justicia sólo se concede un 6,4% de los que se solicitan. En los últimos tiempos las cifras se han mantenido estables: entre 2001 y 2012, las medidas de gracia aceptadas por el Gobierno han oscilado entre 250 y 550 por ejercicio.
Esta figura ha sido vista por algunos sectores del ámbito jurídico como una intromisión del Ejecutivo en el terreno judicial, que daña la separación de poderes. Una de las reivindicaciones que han hecho en los últimos meses las asociaciones de jueces al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es la reforma de la ley para obligar a que el Gobierno motive la concesión de estas medidas de gracia y así impedir arbitrariedades en los procesos. Además, estarían sujetos a criterios de equidad y de proporcionalidad, así como al control de los tribunales.
El malestar social por el modo en que se conceden estos perdones, no siempre justificados, y las dudas en torno al control sobre ellos ha llegado al Congreso, donde hace un mes se intentó reformar la Ley del Ejercicio de la Gracia del Indulto, aunque sin éxito, ya que los grupos parlamentarios no lograron pactar un texto de consenso.
