El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado que no aceptará un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) "que simplemente maquille la realidad procesal" y su "exigencia máxima" es "que haya celeridad de los procesos", por lo que se pedirá que el anteproyecto de Ley en el que trabaja el Gobierno se contemple que "los delitos de naturaleza no grave puedan ser juzgados sin instrucción en un máximo de 72 horas con la Fiscalía y los juzgados funcionando 24 horas".
Torres-Dulce ha defendido que la reforma de la Ley provocará una redistribución de las plantillas, para lo cual "hay que saber cuál será el mapa judicial español y si se van mantener los partidos judiciales o se llevará a cabo una concentración" de los mismos.
Ha criticado que con la actual normativa la Fiscalía tiene una "multiplicidad de tareas" que hace que las plantillas "sean insuficientes", por lo que ha abogado por que los fiscales no se ocupen de las faltas y sean "expulsadas" del campo penal en la próxima LECrim.