Legálitas entiende que la liquidación del nuevo gravamen genera "tan evidentes perjuicios que únicamente la suspensión puede garantizar los intereses generales". Considera que el carácter "indiscriminado" y "abusivo" de las tasas constituye un "grave error" que "imposibilita" el derecho de los ciudadanos de acceder a la Justicia para defender sus intereses.
