La reforma del Código Penal impulsada por Gallardón recibió ayer una de cal y otra de arena del CGPJ. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces entendió por amplia mayoría —quince votos frente a seis— que la prisión permanente revisable es respetuosa con la finalidad de reinserción social que, por mandato de la Constitución, deben tener las penas. Sin embargo, expresó sus dudas —diecinueve vocales frente a dos— respecto a que esta nueva pena cumpla con los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.
La complejidad de la reforma, dada su amplitud, y la disparidad interna de criterios en el seno del Pleno llevó a los vocales a votar por separado los puntos más controvertidos del informe que la Comisión de Estudios aprobó en el mes de diciembre.
La custodia de seguridad tampoco pasó el «filtro» del CGPJ y dieciséis vocales votaron que se trata de una medida contraria a la Carta Magna. El informe de esta institución no es vinculante para el Gobierno.
